Discurso Presidente Leonel Fernández

Pueblo dominicano:

Tal como recientemente explicaron las autoridades del Banco Central, la economía dominicana continuó, durante los meses de enero a marzo del presente año, con el mismo ritmo de crecimiento del año pasado, al registrar una expansión de 9.1 por ciento.
En la obtención de ese significativo crecimiento durante el primer trimestre de este año, ha incidido el crecimiento de las importaciones de bienes, las cuales han aumentado en cerca de 500 millones de dólares con respecto al mismo período del año pasado.
Pero de igual manera han influido las exportaciones, las cuales crecieron durante el trimestre por encima del 65 por ciento, así como el incremento de la cartera de préstamos de la banca al sector privado, lo que representó un aumento de más de 33 mil millones de pesos.
Como consecuencia del desempeño experimentado por nuestra economía durante los primeros meses de este año 2007, se proyecta que podríamos alcanzar un crecimiento entre 8 y 9 por ciento del producto interno bruto, lo que estaría muy por encima del 6 por ciento originalmente proyectado por el Fondo Monetario Internacional.
Al mes de marzo del presente año, los ingresos totales del Gobierno Central se incrementaron en más de un 23 por ciento con respecto a igual período del año anterior, superando, a su vez, en más de un 12 por ciento los ingresos estimados para el primer trimestre.
Durante el presente año, las recaudaciones del ITBIS han sido, en promedio, de unos 400 millones de pesos por encima de lo proyectado; y eso se ha debido, fundamentalmente, al crecimiento de la economía, al alza en los precios internacionales del níquel, a ingresos extraordinarios por concepto de dividendos de las empresas y al fortalecimiento de la Administración Tributaria.
Dentro del fortalecimiento de la Administración Tributaria se enmarca la más reciente medida de la Dirección General de Impuestos Internos, que ha consistido en la aplicación del proceso de control de facturas o de comprobantes fiscales, la cual se aplica, desde hace años, en la generalidad de los países de América Latina.
La ejecución de esta medida, cuyo único objetivo ha sido el de combatir la evasión fiscal, ha generado los resultados esperados. Las principales organizaciones empresariales y comerciales del país le han brindado su apoyo, con lo cual han hecho una formidable contribución a los fines de garantizar una sociedad más transparente y un sistema tributario más justo y equitativo.
Porque, sobre este particular, lo que debe ser comprendido es que como resultado de la globalización y del proceso de apertura y liberalización de los mercados, la capacidad de recaudación de impuestos del Estado dominicano, ya no depende, como en el pasado, de las aduanas.
Ahora descansa, cada vez más, en los impuestos que se cobran internamente, esto es, el impuesto sobre la renta, el ITBIS y el impuesto selectivo al consumo.
En nuestro país, durante la década de los noventa, los ingresos provenientes de impuestos al comercio exterior superaban el 42 por ciento. Durante este año, 2007, apenas significarán el 20 por ciento del total de los ingresos.
Es ese cambio en la forma de cobrar los impuestos lo que convierte el tema de la evasión fiscal en un aspecto de primer orden, tanto para el gobierno como para el sector empresarial.
Para los empresarios, el control de la evasión fiscal resulta imprescindible para que la competencia entre iguales se produzca en un ambiente de equidad y de reglas claras.
Para el gobierno, por su parte, requiere, por un lado, evitar la competencia desleal que provoca el incumplimiento tributario y, por el otro, garantizar los recursos que antes provenían de otra fuente de recaudación.
El asegurar a los agentes económicos ese clima de transparencia que permite que la competencia se fundamente en la calidad de sus productos, en su eficiencia operativa, en su buen servicio, en la innovación continua y no sobre la evasión, es lo que ha determinado que la administración tributaria haya puesto en práctica un plan contra la evasión que ha dado garantías a los que cumplen y ha inducido a cumplir a los que no lo hacían.
Estamos convencidos de que la única forma en que nuestros sectores productivos podrán competir en el marco de este proceso de apertura comercial es si identifican sus ventajas competitivas y fundamentan sus acciones en la transparencia.
El disponer de informaciones financieras confiables permitirá contar con mecanismos de financiación hasta ahora incipientes en nuestro país, y eso, a su vez, permitirá a nuestros sectores empresariales planificar, de mejor manera, el futuro de sus empresas.
Como ya he indicado, la aplicación del control de facturas o comprobantes fiscales ha dado como resultado un incremento en las recaudaciones del ITBIS durante los primeros meses de este año, lo que ha permitido al gobierno, por otra parte, compensar la caída de los impuestos a las bebidas alcohólicas y a los cigarrillos.
Al gobierno lo que le interesa, fundamentalmente, es que la economía continúe creciendo y desarrollándose, y para eso, está dispuesto a aplicar cualquier medida que contribuya a generar certidumbre y confianza en los sectores que crean riqueza en nuestro país.
En tal virtud, estaré enviando al Congreso Nacional, en los próximos días, tres proyectos de leyes que disminuyen la carga fiscal, o para decirlo de manera más directa, que bajan los impuestos a nuestros contribuyentes en distintos renglones.
En base a esos proyectos, se reduce, en primer lugar, el impuesto ad-valorem a los productos derivados del alcohol de un 15 a un 7.5 por ciento, y a los productos del tabaco de un 100 a un 20 por ciento, con lo cual aspiramos a disminuir el impacto que el aumento de los precios de esos productos ha provocado en el capital de trabajo que requieren los negocios minoristas.
En segundo lugar, se reduce la tasa del impuesto sobre la renta de las empresas, personas físicas y negocios de único dueño, de 29 a 25 por ciento, con lo cual se acelera el proceso de desmonte gradual que se había contemplado para este tributo, y que debía culminar en el 2009.
Finalmente, se concede una amnistía fiscal en favor de los contribuyentes, con lo cual, al regularizar el pago de los tributos del último año fiscal, tanto las personas físicas como jurídicas quedan exentas de pagar los años anteriores.
Con la adopción de estas medidas, creo interpretar el sentir de varios sectores de la vida nacional, que valoran sobremanera la estabilidad y el crecimiento que hemos logrado alcanzar durante esta gestión de gobierno, y que sólo aspiran a que eso se consolide para que el país continúe marchando por senderos de progreso y de prosperidad.
Un segundo aspecto sobre el cual quisiera referirme esta noche es el relativo a la entrada en funcionamiento del régimen contributivo del seguro familiar de salud.
Como se sabe, el régimen contributivo del seguro familiar de salud, constituye una de las tres modalidades de financiación de la seguridad social, siendo los otros dos, el régimen subsidiado, el cual se aplica a las personas que trabajan por cuenta propia, con ingresos inferiores al salario mínimo, así como a los desempleados, discapacitados e indigentes, financiado por el Estado; y el régimen contributivo-subsidiado, el cual abarca a los profesionales y técnicos independientes y a los trabajadores por cuenta propia con ingresos promedio iguales o superiores al salario mínimo, financiado con aportes del trabajador y un subsidio del Estado para suplir la falta de empleador.
El régimen contributivo, comprende, por su parte, a los trabajadores, públicos o privados, que reciben un salario, y a los empleadores, financiado, este régimen, por los trabajadores y empleadores.
Esas son las tres modalidades de financiamiento del sistema dominicano de seguridad social, conforme lo establece el artículo 7 de la Ley 87-01, que es la que rige todo lo relacionado con la seguridad social en nuestro país.
Con el régimen subsidiado del seguro familiar de salud, que debería ser el más difícil o complicado, porque implica la incorporación de los sectores más pobres del país, no hay, actualmente, ningún problema.
Para el 16 de agosto del 2004, el actual Gobierno, que encontró sólo 35 mil personas afiliadas a ese sistema, ha logrado extender su cobertura a más de medio millón de pobres indigentes, y para este año se espera que beneficie a un millón de personas, que recibirán atenciones médicas y medicinas en forma gratuita.
Para cumplir con su obligación de financiar el régimen subsidiado de la seguridad social, el actual Gobierno ha hecho lo que ningún otro había logrado en toda la historia de la República, que es haber destinado 1 mil 600 millones de pesos para su sostenimiento.
Así pues, contrario a lo que han insinuado algunos opositores del espectro político, que parecen no estar bien informados respecto de lo que ocurre, las actuales discrepancias respecto de la seguridad social nada tienen que ver con el Gobierno, sino más bien por conflictos de intereses entre los distintos actores del sistema.
Durante el pasado gobierno, la entrada en funcionamiento del régimen contributivo del seguro familiar de salud fue pospuesto en ocho ocasiones, y para que no quedara enteramente paralizado, el actual gobierno, tratando de vencer los obstáculos que se suscitaban en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, promovió distintos encuentros con los diversos sectores que intervienen en el sistema para procurar algún tipo de acuerdo o consenso.
El 19 de diciembre del año pasado se logró ese acuerdo.
En esa ocasión, el Gobierno, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), y el Colegio Médico Dominicano (CMD), con la mediación de Monseñor Agripino Núñez Collado, en su calidad de Coordinador del Diálogo Nacional, suscribieron un convenio en virtud del cual se estableció, entre otras medidas, el inicio del régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud para el día 1ero de junio, esto es, para el viernes de esta semana.
Pero a medida que se acercaba el 1ero de junio, se desataron nuevamente las furias de la discordia, y todos los que habían estampado con sus firmas el compromiso de hacer entrar en vigencia el seguro familiar de salud, ahora levantan sus voces para expresar dudas, inconveniencias, titubeos, incertidumbre y desconfianza.
Obviamente, así no puede ser. Ningún país podrá desarrollarse si no hay una actitud de cumplimiento y de respeto por la ley.
La Ley No. 87-01 sobre el sistema dominicano de seguridad social fue aprobada y promulgada por los órganos públicos competentes para hacerlo, y es la norma que tiene que ser acogida y respetada por todos.
No podemos pedir la reforma de una ley cuando aún no la hemos empezado a aplicar. Si se requiere alguna modificación, ya se verá en el curso de su aplicación, como lo hemos podido comprobar recientemente con el Código de Procedimiento Penal, respecto del cual el Poder Ejecutivo, por recomendación de la Comisión de Ejecución de la Reforma Procesal Penal, ha procedido a introducir un proyecto de reformas por ante el Congreso Nacional.
Para alcanzar la aprobación de la nueva ley sobre seguridad social, hubo marchas, protestas, confrontaciones y distintas manifestaciones callejeras.
El pueblo mostraba su interés para que al fin se garantizase su derecho a la salud. Al promulgarse dicha ley hubo júbilo. Sin embargo, para aplicarse ha habido desidia y apatía.
Estamos conscientes que por la confusión que se ha creado, por la falta de información adecuada y por el temor que algunos albergan de que el nuevo sistema de seguridad social, en lugar de beneficiarles les podría perjudicar, es evidente que ya no podrá entrar plenamente en funcionamiento el próximo viernes, l de junio.
No obstante, el Gobierno transmite a toda la ciudadanía su decisión irrestricta de aplicar, de manera impostergable, el seguro familiar de salud del régimen contributivo, en un plazo de 90 días que comienza, precisamente, a partir del 1 de junio de este año.
Durante ese lapso, se impartirán las instrucciones correspondientes para:
Primero: Generar la información necesaria para aclarar debidamente a la ciudadanía, especialmente en lo referente a los costos y a los servicios que ofrece el plan de servicios de salud.
Segundo: Establecer los controles necesarios para que las Administradoras de Riegos de Salud (ARS), no sean propietarias ni inversionistas en las prestadoras de servicios de salud, para así evitar la integración vertical, tal como lo establece la ley.
Tercero: Garantizar a todos los usuarios actuales con derechos adquiridos el libre acceso al médico que hoy visitan, mediante el pago de los honorarios que hoy se cobran.
Cuarto: Garantizar que las Administradoras de Riesgos de Salud ofrezcan en sus servicios de primer nivel o atención primaria clínicas y centros de atención primaria, en igualdad de condiciones, evitando las prácticas monopólicas, que atenten contra la libre elección del ciudadano.
Quinto: Prohibir la dispensación de medicamentos en los establecimientos de salud, salvo las farmacias del pueblo, en los hospitales y dependencias de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social.
Sexto: Constituir antes del inicio de seguro familiar de salud del régimen contributivo el fondo de atención para las personas que sufren un accidente de tránsito (FONAMAT); y
Séptimo: Establecer que los planes de salud complementarios deben ofrecer servicios de salud diferentes y superiores a los incluidos en el plan de servicios de salud (PDSS) del seguro familiar de salud.
Conforme al artículo 174 de la Ley 87-01, corresponde al Estado garantizar el sistema dominicano de seguridad social y los derechos de los afiliados.
Asumimos a plenitud nuestra responsabilidad, con la conciencia de que en estos momentos lo que la población demanda es que haya un plan de servicios de salud que sea eficiente, que sea incluyente y que sea a un costo razonable.
Estoy seguro que con tenacidad, dedicación y espíritu patriótico, lo lograremos; y para garantizar que así sea, me permito en estos momentos informar de la creación de un equipo permanente de trabajo, coordinado por el Vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque, e integrado por los representantes de las distintas instituciones gubernamentales del sistema de seguridad social, que procederán a monitorear, orientar, corregir y tomar cuantas medidas sean necesarias para que el día 1 de septiembre del año en curso, al cumplirse los 90 días de plazo que hemos concedido, celebremos el inicio de la incorporación de tres millones de compatriotas a un moderno sistema de seguridad social en la República Dominicana, que sea motivo de orgullo de satisfacción.
Muchas Gracias.
Buenas Noches.